Las Comunidades Autónomas apuestan online
Foto cortesía de alancleaver_2000
Os dejo a continuación un artículo que había preparado para ser publicado en un diario, pero que al final, desafortunadamente, no fue publicado.
Las Comunidades Autónomas apuestan online
Se han cansado de esperar en una situación que raya lo absurdo. Ante la ineficacia del Gobierno español a la hora de tomar las riendas y regular los juegos de azar online, una actividad que desde finales de 2007 debería haber sido regulada a nivel estatal, las Comunidades Autónomas han decidido aprovechar la baza, y echar mano de sus competencias en materia de juego, para así regular este tipo de juegos por vía electrónica “cuando tengan lugar dentro de sus respectivos territorios”. Las últimas en regular han sido Canarias y Cataluña, que de momento se unen a Madrid y Ceuta.
Canarias acaba de publicar su Ley 8/2010, de 15 de julio, de Juegos y Apuestas, que, aunque aun tiene que ser desarrollada reglamentariamente, reconoce la necesidad de proporcionar un soporte normativo para el juego por medios electrónicos.
El caso de Cataluña es quizás más controvertido. El Consell de la Generalitat acaba de aprobar su proyecto de Ley de Juego y Apuestas, que aún debe ser aprobado por el Parlament catalán, y quedará pendiente de desarrollo. Pero el proyecto de Ley tiene vocación de establecer el marco general de los juegos en Cataluña, y por si solo se las trae, pues, además de exigir la obtención de una autorización previa, según se ha anunciado, requiere a todas las empresas que quieran operar en dicha Comunidad, o que dirijan sus juegos hacia los ciudadanos catalanes, que cuenten con una sede en el territorio de Cataluña. Este requisito no parece muy acorde con el principio de libre prestación de servicios en la Unión Europea.
En general, todas las Administraciones coinciden en la necesidad de regular y exigir una autorización previa para esta actividad, que, según fuentes del sector, solo en España generó en 2009 unos 260 millones de euros de beneficios. Esta cifra no es oficial, ya que a día de hoy el juego online ofrecido desde otros países no tributa en España, lo que supone que ni la Administración central ni las Comunidades Autónomas vean ni un céntimo por tributación de estos servicios. Todo ello se debe a una situación promovida exclusivamente por la inactividad e ineficacia del Gobierno central.
No es casualidad, por tanto, que las Comunidades Autónomas, y muchos países europeos (ya lo han hecho Reino Unido, Italia y Francia, entre otros) quieran ahora regular el juego online. Asimismo, nadie duda que a todas las Comunidades Autónomas les interesa regular para afianzar sus propias competencias en materia de juego, en vista de la previsible aprobación de una normativa estatal que se antoja lógica y necesaria. Por ahora, solo se sabe que el Ministerio de Economía y Hacienda acaba de presentar un Anteproyecto de Ley del Juego al Consejo de Ministros (PDF), pero en vista del tiempo que llevamos esperando, parece que va para largo. Quizás la Ley estatal finalmente llegue en 2011, pero estamos un poco cansados de hacer apuestas sobre cuando será.
¿Es correcto que cada Comunidad Autónoma regule el juego online de acuerdo con sus propias competencias e imponga sus propios requisitos?
Desde mi punto de vista, es absurdo pretender regular a nivel regional una actividad transfronteriza, que puede prestarse desde cualquier parte del mundo y hacia cualquier destinatario. Esta regulación a nivel regional no garantiza una mayor protección para los ciudadanos. Cuando menos, si la armonización a nivel europeo de momento parece que no es posible (así se deduce de las últimas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea), el Estado español debería regularlo para el conjunto del país, con unas reglas mínimas y comunes para todas las Comunidades Autónomas, y rechazando medidas absurdas, de difícil aplicabilidad práctica. El juego online debe ser regulado, cuanto antes. Hasta el propio sector está de acuerdo en que se regule. Pero no a cualquier precio y de cualquier forma, sino con reglas claras para todos, para los operadores y para los ciudadanos. Para todos por igual, independientemente de su ubicación.
